Autores: Melisa Pinto, Lucas Pérez y Alejandro Montbrun
Introducción:
La reforma económica y estructural de la Argentina en los ‘90 fue un proceso drástico, prácticamente único en el mundo. Esta limito la capacidad de acción del Estado a un extremo ínfimo y ató la suerte económica del nuevo modelo a los actores internacionales (como el FMI., BID, IED).
La capacidad política del presidente Menem y el contexto internacional favorable hicieron que el modelo de “políticas neoliberales Argentinas” se sostuviera durante toda la década del ’90. Dentro del “paquete” de reformas se introdujo un instrumento de estabilización macroeconómico llamado “ley de convertibilidad”, que tuvo como principal objetivo frenar la hiperinflación heredada de la gestión anterior. El objetivo fue cumplido y la convertibilidad frenó la escalada inflacionaria “en seco”.
La sociedad Argentina adquirió la estabilidad económica como nuevo valor al que no pensaban renunciar. De este nuevo valor debieron tomar nota todos los aspirantes a suceder al Doctor Menem en 1999. Es así que en las elecciones presidenciales de ese año triunfa la Alianza que fue quien garantizo de forma mas explicita la continuidad de la convertibilidad.
Con la nueva coalición de gobierno instalada en la casa Rosada el modelo económico siguió tal cual se heredó, incluso, el gobierno del presidente De la Rúa en sus primeros días mostró una profundización del modelo en algunos aspectos, como la reducción del gasto público con un recorte de 1400 millones de dólares para el presupuesto del año 2000[1].
Inversamente al gobierno anterior, la Alianza no pudo ni supo manejar las cuestiones de la política doméstica y tuvo que soportar un contexto internacional desfavorable para una economía emergente como la Argentina.
Ante cada problema que tuvo la Alianza reaccionó profundizando aún mas el modelo (como respuesta a la recesión, más ajuste). Esta política desencadenó en una crisis orgánica[2], que puso fin “de hecho” a la convertibilidad.
Luego del estallido social en el 2001 y una sucesión inédita de presidentes, el senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, fue elegido como presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa y el encargado, junto a su ministro de economía Remes Lenicav, de poner fin a la ley de convertibilidad, “abriendo el juego” a una serie de variables económicas inviables en el modelo de los ’90.
Terminado su mandato, asume la presidencia Nestor Kirchner con un discurso progresista donde plantea la figura del “Estado inteligente” que tendrá el rol de intervenir en aquellas áreas de la economía en donde encuentre deficiencias, y así poder encontrar un equilibrio.
A continuación profundizaremos este pequeño desarrollo, ampliando la instauración del modelo de los ’90, sus causas, su crisis y la perspectiva actual y futura planteándonos la hipótesis de que el actual gobierno de Kirchner encontró un punto de equilibrio entre el Estado Empresario-Interventor y el Estado Neoliberal de los ’90.
A tal fin utilizaremos el material bibliográfico de la cátedra, más bibliografía seleccionada por los autores del presente trabajo
Implementación de la reforma del estado.
En 1989, la crisis Hiperinflacionaria que tuvo que soportar el gobierno de Alfonsín, dejo al descubierto el agotamiento de la matriz estado-céntrica[3] impuesta por el peronismo en 1945 que estuvo vigente durante 4 décadas en la Argentina. Esta crisis fue lo suficientemente insoportable para justificar una reforma en el mercado, que ni los gobiernos militares se atrevieron a implantar.
El agotamiento del modelo se da por un gran número de factores: En su faz económica, la pérdida de capacidad de financiamiento del sector público dado por una “sustancial reducción del crédito, limitando las capacidades de financiamiento del déficit fiscal, y obligando al Estado a extender los subsidios a las actividades empresarias”[4], además de la fuerte evasión tributaria de los grandes consumidores de servicios.
En su faz política un causal del agotamiento del modelo fue la deslegitimación del nuevo gobierno democrático, que luego del proceso militar, había despertado esperanzas en el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.
La creciente pérdida del poder adquisitivo, la extrema deficiencia de los servicios públicos demostraron la incapacidad política de Alfonsín de resolver los problemas. Esta crisis, en esencia política, fue aprovechada por el nuevo presidente electo, Carlos Menem.
En los primeros meses de gobierno, el presidente Menem impulsó algunas reformas pero sufrió un nuevo pico hiperinflacionario lo que lo llevo a agudizar el proceso. Es en este momento, donde se empieza a vislumbrar su habilidad y disposición a introducir reformas de fondo. La solución propuesta por Menem, fue la de seguir los lineamientos establecidos en el Consenso de Washington (Requisito por medio del cual se reestablecían las relaciones con las bancas internacionales). Este planteaba los siguientes aspectos: disciplina fiscal, reforma impositiva, definición de prioridades en materia de gasto público, liberalización financiera, competitividad del tipo de cambio, liberalización laboral, inversores extranjeras, privatizaciones, desregulación y derecho a la propiedad.
En cuestión de meses, Menem llevó adelante la mayor transformación estructural de la Argentina desde el primer período peronista en la década del cuarenta.
El proceso de reformas comienza con las privatizaciones de las empresas estatales de ENTEL Y Aerolíneas Argentinas (a las que luego se sumaron YPF y otras de menor importancia económica, pero no social). A este primer “paquete” ,se añadió una ley de autocontrol monetario, conocida como ley de Convertibilidad (tema que desarrollaremos mas adelante)
El espíritu reformista del nuevo gobierno[5], que jugó una apuesta fuerte a reconvertir el modelo, no encontró una oposición enérgica, por diferentes causas: el proceso de desmovilización social que produjeron los gobiernos militares anteriores, las “promesas incumplidas”[6] del gobierno democrático de Alfonsín (como dijera en un discurso: “con la democracia se vive, se come y se educa”), la compra de voluntades y la corrupción generalizada en este proceso de reforma. Esto se relaciona con lo que Lo Vuolo describe como “crisis de integración sistémica”.
El proceso de implementación del nuevo modelo tuvo que, necesariamente, consensuar con el sector empresario que desconfiaba del origen peronista de Menem. Aquí se vio, una ves mas, la capacidad política del presidente para convencer a este sector de que seguiría siendo ganador en el nuevo modelo y que la “patria contratista” pasaría a ser la beneficiada con las privatizaciones.
El primer “guiño” en esta dirección fue el nombramiento al ministerio de Economía a Roig, y luego a Rapanelli, integrantes del conglomerado internacional Bunge y Born. El empresariado entendió que las condiciones les serían favorables, por lo tanto, apoyaron el proceso de reformas dándole gran viabilidad.
El estilo menemista de conducción política, férrea y vertical, encontró tras sí al partido peronista, acostumbrado a este tipo de manejo. También pudo sumar al proyecto a la cúpula sindical que no ofreció resistencias desmovilizando así, las bases sumado a un extraordinario manejo de los medios de comunicación, (donde Bernardo Neustad fue su representante mas fiel) logrando consolidar una opinión pública favorable.
El mayor o menor grado de corrupción que haya tenido este accionar no invalida la capacidad de Menem para aglutinar a los diferentes actores sociales en pos de su proyecto político.
Consolidación del Modelo
Las reformas Neoliberales implantadas por el gobierno, se consolidaron con una medida de estabilización macroeconómica ajena a estas. La convertibilidad (ver fecha) logró frenar de golpe la hiperinflación que era el problema económico y político mas urgente que debía solucionar Menem para su subsistencia política. Esta solución que pareció mágica consistía en el autoatamiento monetario del gobierno por medio de una ley, en la que se restringía la emisión monetaria de forma deliberada y exigía la paridad de la nueva moneda nacional (el peso) con el dólar. Técnicamente esto significaba que por cada dólar que ingresaba al Banco Central se podía emitir un peso.
Este autoatamiento del gobierno le confirió al Estado confianza entre los capitales internacionales que veían que el proceso histórico de emisión monetaria descontrolado había llegado a su fin.
El contexto internacional favorable donde los abundantes capitales buscaban las mejores condiciones en los mercados emergentes hizo que el modelo funcionara. A nivel doméstico la estabilidad de precio realzó el poder adquisitivo de la sociedad que pudo acceder a una gran cantidad de bienes que en décadas anteriores le era imposible de adquirir. Esto como consecuencia de la progresiva reducción de las barreras arancelarias a tecnología extranjera, fundamentalmente de bienes suntuarios.
Otro pilar de apoyo al gobierno por parte de la sociedad fue que la modernización de los servicios públicos se palpo de forma inmediata por ejemplo consiguiendo un abanico de tecnologías en las telecomunicaciones, antes impensado.
El modelo incluía la desregulación bancaria que posibilitó una gran oferta de créditos personales y empresariales fomentando así el consumo y la inversión.
En este proceso no se cumplen las lógicas de las reformas que anunció Menem, en su discurso ante el congreso, en donde predijo que el proceso necesariamente sería “doloroso” (cirugía mayor sin anestesia), sino que los beneficios se dieron casi inmediatamente y durante el proceso, y no luego de este.[7]
Como reflejo del “éxito” económico Menem consolidó su liderazgo, y en 1994, toando como interlocutor de la oposición a Raúl Alfonsin, promueve una reforma constitucional que no encuentra resistencia significativa y que lo posibilita a la reelección (conocido esta reforma como el pacto de olivos).
El modelo empezó a mostrar su vulnerabilidad con la crisis mejicana de 1994, conocida como “efecto tequila”. Las señales políticas de no devaluar y mantener firmes las reformas del modelo hicieron sortear en forma no traumática esta crisis. Así, a pesar del momento desfavorable, los capitales internacionales mantuvieron su confianza en el gobierno y luego de unos meses volvieron los flujos de capitales.
El miedo de la sociedad de perder la estabilidad lograda con la convertibilidad, que perjudicaría a cientos de miles de deudores, hizo (entre otras causas) posible la reelección de Menem. A este proceso electoral los intelectuales lo llamaron el “voto cuota”.
A partir de su segundo mandato se confirmó que el modelo estaba expuesto en forma extrema al “humor” de los capitales extranjeros, y se empezó a evidenciar progresivamente los costos sociales de la mantención del mismo.
La creciente desindustrialización de la argentina como consecuencia de la entrada masiva de productos industriales extranjeros (a causa de la sobre valoración del peso), la expulsión de recursos humanos por parte del Estado (como medida para paliar el déficit), que no lograron insertarse en el mercado laboral, confluyeron en el aumento de la tasa de desempleo a índices que rondaron el 18 y el 30 por ciento.[8].
A nivel macroeconómico se fracasa rotundamente en la eliminación del déficit fiscal, que había sido una de las excusas de la implementación de las políticas neoliberales
Aquí vemos la particularidad del proceso en la argentina que no respetaba a rajatabla el modelo puro propuesto por el Consenso de Washington. Pero esto no invalida que las reformas no merezcan llamarse neoliberales porque la única posibilidad que tenia la política de introducir las medidas era respetando las características de su entorno.
Avanzado el proceso y habiendo este mostrado algunos de sus costos y contradicciones, empezaron a jugar un rol legitimador los organismos de crédito internacional, mostrando al gobierno de Menem, como ejemplo de bueno gobierno, hasta llegar a condecorarlo y nombrarlo su mejor alumno.
La lucha política interna del gobierno provocó el despido de quien se autoproclamaba padre del modelo, el ministro de economía, Domingo Cavallo, sin que esto causara un giro en la política desarrollada hasta este momento, lo que demostraba la consolidación del modelo.
En los últimos años de gobierno de Menem, la sociedad pareció “descubrir” que el proceso de reformas estaba manchado de corrupción. Este hallazgo pudo haber sido causado por la desaceleración económica en 1998 y que continuó en 1999.
El análisis sobre los defectos de esta etapa recaía sobre el estilo de gobierno corrupto y farandulero, y no sobre la convertibilidad, la cual se había convertido en un principio incuestionable y defendido por la sociedad la cual la veía como sinónimo de estabilidad. El cambio en el manejo de las instituciones, debía hacerse hacia un gobierno más serio y no un gobierno reformista que pudiera atentar contra esa estabilidad lograda.
A modo de conclusión de este capítulo y siguiendo a Palermo resaltaremos las Paradojas de las reformas del Estado en la argentina:
· Se hizo en Democracia. Contrario a lo que los Analistas Políticos predecían las reformas neoliberales no fueron hechas en gobiernos autoritarios, que restringieran la participación popular, sino que se hizo en un gobierno que luego seria reelegido por las mismas personas a las que las reformas perjudicaban.
· Las reformas las realizó el mismo partido que había implantado el modelo a reformar
· A contrario con lo que se esperaba, las reformas dejaron beneficios durante la etapa transicional, y costos en su etapa permanente.
· Por último cabe agregar como paradójico que las reformas neoliberales fueron acompañadas por una política contraria al libre mercado como fue la convertibilidad.
A fin de analizar nuestra hipótesis de trabajo, calificamos a la etapa menemista como una inclinación extrema hacia la derecha mercantilizadota alejándose sustancialmente del estado empresarial intervencionista.
Reproducimos a continuación las privatizaciones realizadas en la época menemista para tomar real dimensión de lo acontecido.
Crisis del modelo de reforma
En octubre de 1.999 se realizan las elecciones presidenciales para suceder a Carlos Menem (aunque quiso presentarse para un tercer mandato). La oposición estaba configurada por el partido radical y el FREPASO (la Alianza) se adjudicó la presidencia.
La “pata” de centro-izquierda de esta Alianza tenía su origen en el llamado Grupo de los 8. Éste fue un grupo de diputados peronistas que en 1.991 se opusieron al paquete de reforma del Estado y renunciaron a su partido, sobresaliendo en éste la figura de Carlos “Chacho” Alvarez. Èste, pronto unió fuerzas con el líder de izquierda, Pino Solanas, y formaron la agrupación Frente Grande, posteriormente devenida en FREPASO, que aliado a los peronistas opositores a Menem obtuvieron el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1.995, con la fórmula Bordón- Alvarez. Un año más tarde, Bordón se aleja del partido y “Chacho” Alvarez queda como líder de la agrupación.
El intento re-reeleccionista de Menem unió a la oposición, y así empezó, una ronda de debate que configuró la “Alianza”. Los partidos constitutivos eran el FREPASO (que tenía como figuras relevantes a “Chacho” Alvarez y Graciela Fernández Meijide) y la UCR. Ésta, a su vez, con dos tendencias distintas: por un lado, una línea progresista representada por Alfonsín y Terragno y con baja proyección electoral; y por otro lado, una línea conservadora en la cual sobresalía De la Rúa, quien en diferentes encuestas tenía mayor aceptación.
El “mercado” de votantes pedía un manejo serio de las instituciones, continuar con la estabilidad lograda por la convertibilidad y una mirada más profunda sobre la justicia social.
La posibilidad concreta de acceder al poder aceleró los tiempos de la Alianza e hizo que el debate carezca de profundidad programática post elecciones y se centre sólo en ganar éstas.
Para éste propósito, la Alianza toma para sí el ícono menemista de la convertibilidad como bandera a sostener durante la campaña electoral. Aquí, se avisora la primera contradicción, ya que el FREPASO fue, históricamente, contrario a ésta política.
Otra de las particularidades del proceso electoral de 1.999 fue que quien representaba al oficialismo, Eduardo Duhalde, dejaba entrever una posible salida del modelo con una propuesta de concertación para decidir el futuro del país.
Por los motivos antes nombrados, la Alianza gana las elecciones presidenciales, no así las principales gobernaciones y asume sin mayoría en el Congreso. Esto demostraba que la Alianza no era una estructura consolidada en todos los niveles de gobierno.
El gobierno de De la Rúa y Alvarez asume en medio de un refugio de los capitales internacionales hacia los países del centro, cuestión que la Alianza lo interpretó como un problema interno de falta de confianza al nuevo gobierno. Por lo tanto, se decidió seguir con el modelo económico y empezar a dar señales de la continuidad de éste.
La primera señal fue la conformación del gabinete, integrado por varios economistas (López Murphy en Defensa, Machinea en Economía, Juan José Llach en Educación, Terragno Jefe de Gabinete), lo que preveía un control en el gasto público.
Otra de las señales fue la realización de un presupuesto bianual, situación inédita en la Argentina de los últimos tiempos. Garantizando este control, el presupuesto preveía un recorte de 1.400 millones de dólares.
Otra señal, fue que el Congreso convirtió en ley el llamado “impuestazo” extendiendo el IVA y aumentando las contribuciones de ganancias y bienes personales.
Las medidas coherentes con la continuidad del modelo generaron disconformidad en la opinión pública que volvía a ser castigada por un “ajuste”. De esta manera, en pocos días el gobierno tuvo la insólita capacidad de deslegitimarse.
La Alianza asumió este costo por pensarlo transitorio ya que diagnosticaba un reflujo de capitales a la Argentina que sostendría el nuevo modelo nuevamente. En cambio, lo que acontecía internacionalmente escapaba a la posibilidad del presidente de manejarlo. En este contexto internacional se estaban produciendo crisis (asiática, rusa, brasileña) que demostraban la incapacidad de las recetas del FMI, y que avisoraban la necesidad de un cambio de modelo en el mundo. En este orden, el declive de los precios de los bienes exportables de Argentina se mantuvo constante.
La economía seguía estancada y ninguna de las medidas implementadas por la Alianza lograba una mejora en los indicadores sociales.
Los meses transcurrieron en una calma provocada no por la estabilidad sino por la incapacidad de proponer cambios. El “shock” político lo provocó la denuncia del sindicalista Hugo Moyano el 29 de marzo de 2.000 señalando que el Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se había jactado de “tener una Banelco para lograr el voto de los senadores de l PJ a favor de la reforma laboral impulsada por la Alianza”. La ley se aprobó y las columnas periodísticas y los comentarios de los políticos confirmaban la existencia de los sobornos.
De esta manera, seguía cayendo la legitimidad y credibilidad del gobierno, quien en sus discursos pre-electorales levantaba la bandera de la honestidad. Esto, “desnudó” las disidencias internas y evidenció lo endeble de la coalición aliancista.
La lucha interna de la Alianza entre quienes trataban de esclarece el caso (“Chacho” Alvarez) y entre quienes hacían oídos sordos a la cuestión (De la Rúa), desembocó por falta de respuestas del presidente, en la renuncia del vice Alvarez en octubre de 2.000. La conducción difusa de la Alianza con el binomio De la Rúa- Alvarez pudo ser una oportunidad para el presidente de reconvertir esta crisis en un realzamiento de su figura y encolumnar tras sí una nueva coalición de gobierno para solucionar los problemas que acarreaba el país. Nada de todo esto fue realizado por De la Rúa, lo que evidencia la incapacidad del mismo para aprovechar la crisis y reconvertir la situación a su favor, tal como lo hizo Menem en su momento.
La respuesta a esta crisis fue un cambio de gabinete en el que se destacaba el traspaso de López Murphy de Defensa a Economía, proponiendo un nuevo “ajuste” de “ 1.962 millones para el presupuesto del año 2.001 y de 2.485 millones para el del 2.002; un recorte de 360 millones a las universidades públicas, una reducción del 30% del personal estatal, una profundización de la reforma laboral y nuevas privatizaciones, como la AFJP Nación, la Casa de la Moneda y Lotería Nacional”.
Estas propuestas fueron causantes de renuncias de ministros frepasistas. El radicalismo quedaba a cargo así, de la cúpula mayor del gobierno y las protestas sociales no se hicieron esperar. Aquí, la paradoja es que el propulsor de la agitación social fue Franja Morada (apéndice universitario del radicalismo).
El rechazo a la incipiente gestión de López Murphy de “más ajuste” decidió a de la Rúa a removerlo de su cargo, pero este gesto, fue interpretado como de debilidad. Su gestión duró desde el 2 de marzo de 2.001 al 20 del mismo mes. Quien asume en este ministerio vacante es el ex ministro de economía del menemismo y “viejo” conocido del establishment, Domingo Cavallo. Esta “jugada” marcaba la clara intención de poner puntos sólidos en el modelo, llamando para el cargo a quien se autoproclamaba el “padre de la convertibilidad”, y descartando la posibilidad del cambio.
A nuestro entender, estas medidas significaban la profundización del modelo, llevándolo al extremo y sin retorno, salvo por la implosión del mismo.
Con el correr de los meses, las medidas de Cavallo se pueden visualizar como de “ajuste” y su propuesta de competitividad siempre estaba enmarcada en el mismo modelo (planteaba déficit cero).
Las elecciones legislativas de octubre de 2.001 mostraron el descontento social con el gobierno (perdió rotundamente en ellas9 y con la clase política en general (gran abstención de votantes). De la Rúa no encontraba interlocutores válidos en la oposición (idéntica la situación que sufrió Alfonsín en su presidencia), ya que ésta había perdido el liderazgo de Menem, y se aprestaba a buscar una nueva identidad. Esto dificultó aún más la concreción de los proyectos del Ejecutivo que tenía que lidiar con “caudillos” provinciales.
El modelo basado en la convertibilidad exigía el ingreso de capitales y la flaqueza del gobierno, por todo lo mencionado, no daba garantía a éstos. Así, se produjo el retiro de fondos de los bancos, lo que se denomina “fuga de capitales”. La solución a esto fue la implementación del llamado “corralito” el 1º de diciembre de 2.001, que significaba la confiscación de los depósitos con la posibilidad de extraer un máximo de dinero irrisorio para la realidad argentina de aquellos momentos.
A los fines de nuestro trabajo, éste fue el punto culminante del modelo neoliberal que se desarrolló desde 1.991 hasta 2.001.
El modelo llevado al extremo provocó la ira de la sociedad (clase media aliada a piqueteros, entre otros), quien se movilizó el 19 y 20 de diciembre, convulsionando al país (protestas callejeras, el “cacerolazo”, represión) logrando la renuncia de de la Rúa.
A la distancia, este proceso se ve como inevitable. La misma lógica, virtuosa, del modelo dadas ciertas condiciones se volvió una lógica perversa, produciendo recesión y pobr
La transición hacia el nuevo modelo
Con la renuncia de De la Rúa el 20 de diciembre, la sucesión institucional le correspondió al peronismo (porque había renunciado el vicepresidente Alvarez), asumiendo como presidente provisional el presidente del Senado, Ramón Puerta. Con una variada gama de excusas, poco creíbles, renunció a los dos días.
Reunida la llamada “Liga de Gobernadores” en San Luis, se decide que Adolfo Rodríguez Saá asume la presidencia en la Asamblea Legislativa.Asume con el compromiso de llamar a elecciones dentro de los 90 días, en las cuales él no iba a participar. En el período de siete días en el que gestionó, no se mostró como un presidente de transición, sino que parecía encaminarse a lograr un liderazgo fuerte.
El modelo económico estaba agotado (de hecho) y Rodríguez Saá sabía que cualquier cambio que introdujese tenía que considerar que el valor de la estabilidad seguía arraigado en la sociedad, a pesar de la crisis política. El plan que nunca pudo implementar consistía en la mantención de la paridad peso-dólar con el fin de devolver los depósitos atrapados por el corralito y la creación de una nueva moneda para reactivar la economía.
Las presiones sectoriales no definían el nuevo modelo económico de Rodríguez Saá, tal vez, los posibles ganadores que proponía el presidente no coincidían con los intereses de quienes detentaban el poder real. Debido a esto y sumados a otros gestos fuera de contexto, como la declaración del default, hizo que los gobernadores le retiraran su apoyo produciendo así, su renuncia.
Siguiendo la línea sucesoria, le correspondía la presidencia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien solo se limitó a llamar a la Asamblea Legislativa para designar a un nuevo presidente.
El 2 de enero de 2.002, con apoyo del peronismo y gran parte del espectro político asume Eduardo Duhalde (viejo cuestionador del modelo menemista).
A pesar de haber prometido inicialmente la devolución de los depósitos en su moneda original, la realidad económica le demostró que era imposible hacerlo. Duhalde dio el puntapié inicial para el nuevo modelo con la derogación de la ley de convertibilidad; llegando la moneda nacional a un valor de 4pesos= 1 dólar.
En este momento, se daba la paradoja de que la devaluación producía inflación, pero el país aún seguía sumido en la recesión.
Luego de la devaluación (efectuada por Remes Lenicov), Duhalde designa como ministro de Economía a Roberto Lavagna, un economista no ortodoxo, que tenía el objetivo de reactivar la economía y “apagar” la protesta social.
El proyecto político de Duhalde de aferrarse al caro (al igual que los demás políticos argentinos), comenzó a truncarse por el asesinato de los piqueteros Kosteki y Santillán que convulsionaron a la opinión pública y obligaron a Duhalde a adelantar las elecciones. Desde este momento, el presidente se abocó de lleno a que su gestión finalice de buena manera, logrando la pacificación social y una incipiente reactivación económica.
Bajo su mandato y coordinado con el ministro Lavagna, se efectuaron retenciones a las exportaciones agrícolas, que se veían beneficiadas con la devaluación y con el alza en el mercado internacional de los productos primarios.
Se comenzó una ronda de negociaciones para reestructurar la deuda externa argentina.
Se empezaron a reveer los contratos con las privatizadas, pero no se estatizó ninguna empresa, y en líneas generales, se dejó las decisiones en este tema a la gestión posterior.
Hacia un nuevo modelo…
El 25 de mayo de 2.003 asumió Néstor Kirchner con el 22% de los votos. La retirada del ballotage del ganador de primera vuelta, Carlos Menem, dejó sin posibilidad de legitimarse en las urnas el nuevo presidente.
La experiencia delarruísta de un gobierno débil y el bajo porcentaje obtenido en la elección, abocó a Kirchner en la necesaria construcción de poder para respaldar su gestión. Inmediatamente, se mostró como un presidente decidido, activo, “cercano” a la gente, contrario a la apatía de De la Rúa.
Rápidamente, solucionó el problema docente en la provincia de Entre Ríos.
En las primeras semanas, promovió el juicio político a los miembros menemistas de la Corte Suprema de Justicia.
En su búsqueda de construcción de poder, inició su política de derechos humanos, cooptando de esta manera a sectores de izquierda, los cuales lo apoyarán como coalición de gobierno. Sumado a esto, se encuentra “el arreglo” con intendentes duhaldistas bonaerenses, y mostrando su capacidad política desmovilizó sectores piqueteros tentándolos con cargos en el gobierno (como por ejemplo, Luis D’ Elía).
El modelo económico iniciado por Duhalde tuvo su continuidad con la histórica decisión de Kirchne de mantener en su cargo a Roberto Lavagna. Presidente y ministro comenzaron la tarea de reestructurar la deuda proponiendo una quita en el pago del 75% con los acreedores privados. Este hecho se logró con éxito, siendo la reestructuración de la deuda privada la mayor y más exitosa del mundo.
Uno de los problemas del nuevo modelo (“puertas adentro”) y principal preocupación de Kirchner era mantener controlada la inflación que el crecimiento económico propulsa. El historial hiperinflacionario de la Argentina hizo que el gobierno fomente numerosos acuerdos de precios con la intención de controlar esta variable; que en el caso de descontrolarse traería nuevamente la agitación social, porque la sociedad a pesar de ya no tener la convertibilidad seguía teniendo la estabilidad como valor central.
El modelo se basaba en un dólar alto (con la ayuda de la intervención del Banco Central), lo cual trae aparejado la mejora de la competitividad de los productos exportables, dado por una disminución de los costos en la producción (salarios, materias primas, etc). El sustento fiscal del modelo es el sector agro-exportador que remite sus divisas aprovechándose el gobierno de él para lograr el superávit fiscal, logro al que no llegó ninguno de los gobiernos que se desempeñaron en el modelo de los ’90.
El gobierno de Kirchner hace una fuerte apuesta a la obra pública promoviendo el empleo de mano de obra, cuestión que el modelo de los ’90 dejaba librado a la voluntad privada.
El enfoque hacia el mercado interno propulsa la re-industrialización del país con un tipo de cambio monetario que no favorece la entrada de productos importados. Ésto, necesariamente incorpora mano de obra a las nuevas empresas y disminuye la tasa de desempleo, creciente en el proceso de reforma de los ’90. Así, parece solucionarse uno de los mayores problemas que aquejaba al país. En la actualidad, este proceso no está siendo acompañado por el crecimiento del empleo formal, sino por el contrario, se observan altas tasas de empleo en negro y subempleo, que parecen ser un nuevo problema a resolver en los próximos años.
Podemos rescatar, que el presidente Kirchner pondera la lógica política sobre la económica en el manejo del Estado. Este postulado teórico lo comprobamos en las desavenencias que tuvo el ministro Lavagna con Kirchner (más allá de las denuncias de corrupción), donde el tecnicismo económico del primero “chocaba” con la viabilidad política del proyecto del segundo; lo que devino en la remoción del ministro, el cual, fue uno de los pilares del nuevo modelo. En su lugar, asume Felisa Miceli (que se ve claramente subordinada a las decisiones del Ejecutivo). En acuerdo con éste, realizan el anuncio del pago de la deuda externa al FMI, el cual ascendía a 9.810 millones de dólares.
Esto no significó la retirada de la Argentina como socio del organismo financiero internacional, sino que la medida se tomaba como muestra de independencia frente a las constantes “recomendaciones” del acreedor.
Las privatizaciones de los servicios públicos en este período se ven afectadas por diferentes negociaciones entre gobierno y privados para discutir las reglas de juego en las que tendrán que actuar. Así, a diciembre de 2.006, las empresas privatizadas no han podido ajustar sus tarifas a los valores históricos que tenían antes de la devaluación. Aquí, sin duda vemos la figura de un Estado presente, contrario al de los ’90 que no imponía demasiadas restricciones a las privatizadas.
Podemos mencionar el caso de Correo Argentino, donde se le retira la concesión a la administración privada Macri y retoma su control el Estado, por tiempo indefinido. Esto, pareció una señal de una ola reestatizadora que nunca llegó; y dio la pauta de equilibrio del Estado inteligente que el presidente anunció en su discurso de asunción.
Otro caso, fue la reestatización del servicio de agua potable y cloacas del área metropolitana, en manos del grupo francés Suez, que fue “forzada”, ya que el gobierno incitó a grupos inversores a hacerse cargo de ella, pero las reglas de juego que el Estado proponía no causaron interés en la lógica privada.
Aquí también, podemos analizar que la reestatización no es una política de Estado, sino una medida pragmática para solucionar inconvenientes en servicios públicos estratégicos. Además, otros casos de reestatización son:
Ø Ferrocarril San Martín: quitaron la concesión por mal servicio.
Ø Yacimientos carboníferos Río Turbio: con Kirchner gobernador fue la primera en volver al estado.
Ø Espectro radioeléctrico: denuncias de coimas habilitaron la estatización.
Ø Aerolíneas: a cambio de subsidios y suba de tarifas, el Gobierno recuperó 5% de las acciones.
Ø AA200: el Estado condonará la deuda del canon por una porción de capital accionario.
Ø Se creó Arsat (compañía satelital
Ø Se creó Enarsa (compañía petrolera): que cerró el balance de su primer año de gestión sin registrar movimiento alguno.
Ø Se creó Lafsa (Líneas Aéreas Federales): nunca llegó a volar.
El equilibrio aquí planteado se vislumbra en la excelente relación que Kirchner mantiene con la línea “izquierdista” Chávez-Morales, que proclama la nacionalización de los hidrocarburos, cuestión que el presidente argentino respeta pero no realiza.
Las proclamas kirchneristas y el acercamiento izquierdista arriba señalado, generan desconfianza en los capitales internacionales, a los cuales Kirchner responde (buscando ese equilibrio) con una señal simbólica, como fue el “campanazo” en la apertura de la Bolsa de Wall Street en septiembre del presente año; además de las constantes reuniones empresariales en búsqueda de inversiones extranjeras para Argentina.
Hasta el momento, ha fracasado la búsqueda de la burguesía nacional que proponía Kirchner, dado el creciente fenómeno de extranjerización de las empresas privadas (se vendieron íconos empresariales argentinos como Loma Negra, Quilmas y las empresas de Pérez Companc).
Como contraste del modelo anterior, el gobierno subió los salarios cuestión que no ocurría desde 1.993, y que luego de la devaluación se vieron afectados en su valor real. Pero, la tendencia es el aumento a los salarios mínimos y jubilaciones, postergando la suba de los salarios medios y altos.
La centralización del poder se hizo necesaria en el comienzo de la gestión para reconstruir el poder presidencial desvastado por la presidencia de De la Rúa. Pero esta estrategia, se ha vuelto una constante, en la que el Ejecutivo intenta influenciar en otros poderes, como el judicial, en el que se visualiza la modificación del Consejo de la magistratura, que fue un logro consensuado por políticos, juristas e intelectuales en la Constitución de 1.994.
Además, esta centralización del poder en la persona del presidente Kirchner se vió plasmada en la llamada “Concertación” con gobernadores e intendentes radicales, los cuales pasaron a denominarse “radicales k”. Esta personalización del poder no se logró resolver en el proceso noventista con la reforma constitucional que instauró la figura del jefe de gabinete.
Nuestro análisis político futuro nos hace pensar que los compromisos electorales que pueda contraer el presidente en su intento reeleccionista puede hacer girar la dirección en forma decidida hacia un modelo más estatista e interventor con el fin de devolver favores políticos a quienes apoyen su campaña.
También, cabe la hipótesis que de ganar las elecciones traicione su discurso de Estado inteligente y libere a la fuerza del mercado el control de la economía, cosa poco probable si puede sostener el superávit sin necesidad del ingreso de inversiones extranjeras especulativas.
Creemos conveniente que el modelo no debe girar a las hipótesis arriba expuestas, sino que el Estado debe fomentar la inversión extranjera productiva y la investigación de nuevas tecnologías nacionales aportando así, una competitividad fuerte, y no basado en un sistema
Conclusión
Después de analizar el proceso noventista y su ruptura, confirmamos nuestra hipótesis planteada en la introducción del trabajo.
Así, creemos que si bien el equilibrio perfecto entre Estado neoliberal y Estado estatista no existe, en la práctica el gobierno de Kirchner propende a él.
El delicado equilibrio que debe sostenerse para que la economía sea eficiente puede verse afectado por los problemas planteados en nuestro último capítulo, como son los apuros electorales o un contexto internacional desfavorable.
El desafío es que este equilibrio, además de hacer eficiente la economía con un crecimiento sostenible, tenga resultados positivos en la distribución del ingreso, que ni el modelo anterior de Menem ni el actual, han podido resolver definitivamente. La brecha entre el 10% mas rico y el 10% más pobre fue creciendo con los años: en 1.975 era 7,5 veces; en 1.980 12,7 veces y en 2.006, 32.1 veces.
Se verifican algunas faltas de previsión a futuro en el gobierno, como es el caso de la inactividad en el movimiento del fondo anticíclico (creado por el ex ministro Lavagna), que podría ayudar a solucionar una eventual crisis.
Los lógicos beneficios que la población recibe del modelo ( como la creación de nuevos empleos) deben ser tomados con esperanza, pero también con cautela; y no creer que el modelo dará todas las soluciones económicas y sociales en forma ortodoxa.
Los ’90 nos dejan como enseñanza que los modelos deben reajustarse a tiempo y no llevarlos al extremo con los costos, de diversa naturaleza, que ello implica.
[1] “Argentinos 2”, Jorge Lanata.
[2] ….
[3] Garcia Delgado
[4] Palermo y Novaro en “Politica y Poder en el gobierno de Menem”
[5] Palermo y Novaro en “politica y poder en el gobierno de Menem” dejan abierta la pregunta de que si este espíritu reformista era autentico o fue pragmatico
[6] Bobbio Norberto
[7] Palermo en “¿Mejorar para empeorar? La dinámica política de las reformas estructurales argentinas” plantea este suceso con el nombre de paradoja, la cual analizaremos mas adelante.
