Por Alejandro Montbrun
La creación de las Comunidades Regionales de Córdoba tuvo diversos motivos, se puede interpretar que uno de ellos es acercar a los ciudadanos del interior de la provincia a las decisiones de gobierno y así dotar de mayor control democrático, lo cual implicaría mas transparencia de las medidas gubernamentales.
El proceso político de la instalación de una planta de tratamiento de residuos regionales en Calamuchita por parte de la Comunidad Regional de ese departamento muestra que la cultura política de sus autoridades no coincide con el espíritu que debe tener la institución que gobiernan.
Un noble propósito ambiental como el de poner fin a los basurales a cielo abierto, instalados por toda la región, puede ser frustrado por sus propios promotores, que no entienden o no quieren entender que la lógica del sistema democrático implica también un accionar democrático.
Ha menos de un mes de anunciado la realización del proyecto, la Comunidad Regional de Calamuchita no ha propiciado ninguna audiencia pública como forma de transparentar el asunto.
Toda la discusión pública sobre la instalación de la planta en cuestión ha sido promovida por la sociedad civil, mientras tanto ya se anuncia el inicio de obra para el 1 de octubre.
Tal es la desprolijidad y la falta de transparencia de este proceso que las únicas respuestas sobre el tema son parcialmente evacuadas por el dueño del proyecto (la planta se haría por iniciativa privada) y por un concejal de Villa Gral. Belgrano que evadiendo cuestiones éticas parece más un lobbista a favor del proyecto que un funcionario público.
Esta tema que puede y debe ser abordado desde enfoques políticos, económicos, técnicos y sociales, termina centrando su discusión en cuál es el grado de corrupción al cual el mismo se puede prestar.
La transparencia en esta u otra política pública que intente implantar cualquier Comunidad Regional debe ser una exigencia propia del órgano, ya que es la única forma de legitimarse, cuestión no menor dado que sus autoridades son elegidas indirectamente por los ciudadanos.
Que en Calamuchita nadie sepa a ciencia cierta de que se trata este proyecto, no puede atribuirse a un error en la estrategia comunicacional de la Comunidad Regional, sino que es fruto de la cultura política de sus autoridades que en su accionar niegan los principios republicanos y democráticos como el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.
La creación de las Comunidades Regionales de Córdoba tuvo diversos motivos, se puede interpretar que uno de ellos es acercar a los ciudadanos del interior de la provincia a las decisiones de gobierno y así dotar de mayor control democrático, lo cual implicaría mas transparencia de las medidas gubernamentales.
El proceso político de la instalación de una planta de tratamiento de residuos regionales en Calamuchita por parte de la Comunidad Regional de ese departamento muestra que la cultura política de sus autoridades no coincide con el espíritu que debe tener la institución que gobiernan.
Un noble propósito ambiental como el de poner fin a los basurales a cielo abierto, instalados por toda la región, puede ser frustrado por sus propios promotores, que no entienden o no quieren entender que la lógica del sistema democrático implica también un accionar democrático.
Ha menos de un mes de anunciado la realización del proyecto, la Comunidad Regional de Calamuchita no ha propiciado ninguna audiencia pública como forma de transparentar el asunto.
Toda la discusión pública sobre la instalación de la planta en cuestión ha sido promovida por la sociedad civil, mientras tanto ya se anuncia el inicio de obra para el 1 de octubre.
Tal es la desprolijidad y la falta de transparencia de este proceso que las únicas respuestas sobre el tema son parcialmente evacuadas por el dueño del proyecto (la planta se haría por iniciativa privada) y por un concejal de Villa Gral. Belgrano que evadiendo cuestiones éticas parece más un lobbista a favor del proyecto que un funcionario público.
Esta tema que puede y debe ser abordado desde enfoques políticos, económicos, técnicos y sociales, termina centrando su discusión en cuál es el grado de corrupción al cual el mismo se puede prestar.
La transparencia en esta u otra política pública que intente implantar cualquier Comunidad Regional debe ser una exigencia propia del órgano, ya que es la única forma de legitimarse, cuestión no menor dado que sus autoridades son elegidas indirectamente por los ciudadanos.
Que en Calamuchita nadie sepa a ciencia cierta de que se trata este proyecto, no puede atribuirse a un error en la estrategia comunicacional de la Comunidad Regional, sino que es fruto de la cultura política de sus autoridades que en su accionar niegan los principios republicanos y democráticos como el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.
