Por Alejandro Montbrun
Villa Ciudad Parque. El jefe Comunal Héctor Polcan tiene las
urnas bien guardadas y no responde al pedido de votación de un referéndum para
decidir la instalación de una zona de resguardo ambiental contra los agrotóxicos.
Luego de largos años de inacción gubernamental para regular
las fumigaciones, los mismos vecinos decidieron presentar la propuesta para que
sea el pueblo en elecciones quien opine si quiere avanzar o no en limitar el
uso de agrotóxicos.
La negativa de la comuna mediante el silencio administrativo
(no responde formalmente el pedido de referéndum)
es una nueva estrategia dilatoria a favor
de los sojeros regionales. La comuna calamuchitana
evidencia el sometimiento de la política a un poder económico. Las actitudes del jefe comunal desnudan una
vez más las injerencias del poder sojero
en las decisiones políticas.
Los institutos de democracia semidirecta (iniciativa, referéndum,
revocatoria) suelen ser aludidos en
campaña electoral para alentar la participación
vecinal con bonitas frases y así
conquistar al electorado, pero una vez que arriban al gobierno las
autoridades hacen todo lo posible por cercenar esos derechos.
Como nunca se ha puesto en evidencia el juego de poderes
que influyen sobre la democracia en esta zona, los poderes fácticos (aquellos
que no están definidos en el marco institucional) marcan el ritmo del gobierno
en contraposición de la participación popular legamente reconocida. El caso
propuesto por los vecinos de Villa Ciudad Parque se ajusta a la ley 8102 “de
Municipios y Comunas” que expresa
claramente en su artículo 153 "Podrán
ser sometidas a referéndum facultativo entre otras: las que puedan afectar el medio ambiente y calidad de vida.”
Los pobladores de la zona ya comentan “tres sojeros pueden
más que unos cuantos”, rápidamente y parafraseando a León Gieco hay que decir “que
esos cuantos no lo olviden fácilmente”.
Sojización de la Politica II
Villa General Belgrano vive por estos días una situación
similar, luego de haber sido declarada “libre
de agrotóxicos” el departamento ejecutivo municipal envió un proyecto para derogar
la ordenanza que prohibía las fumigaciones. El Concejo Deliberante aún debate si está
dispuesto a pagar el costo político y someterse al dictado sojero.
