Ya pintaba feo este tipito

Por Alejandro Montbrun.

Horaldo Senn vive horas críticas por estar acusado de asistir a torturas en Santa Fe durante la última dictadura militar. Pero en su paso por la gestión pública cordobesa ya mostraba la hilacha.

Haroldo Senn es legislador oficialista en la Unicameral de Córdoba por el departamento San Justo y en los últimos años ha sido un “comodín” de los sucesivos gobiernos del PJ mediterráneo. Recaló en varias funciones públicas, pero hoy cobra especial transcendencia su paso por la Secretaría de Seguridad delasotista.

Allí, Senn mostró a fondo su pensamiento e intentó imponer cuanta medida represora cavernícola y fascista se le venía a la mente. Como símbolo de su accionar, se agrega a esta nota una foto publicada por la Secretaría de Prensa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, fechada el 21 de abril de 2005, en donde se lo ve a Senn entusiasmadísimos en debate junto al “Ingegnere” Blumberg y Carlos Alesandri por entonces Ministro de Seguridad (hoy legislador por Calamuchita). En aquellas épocas, todos querían jugar a los sheriffs intentando implementar la “Tolerancia Cero” en Cba.

El plan se basaba en criminalizar la pobreza, tratar de borrar a los marginales del sistema a balazos y ensañarse con limpiavidrios y prostitutas. Las intenciones del tándem Senn-Alesandri fueron rubricadas por el entonces gobernador De la Sota con un “acuerdo-marco” entre el Gobierno de la Provincia de Cba, El Manhattan Institute y la Fundación Axel Blumberg.

El único que puede juzgar si Senn fue partícipe de las torturas en Santa Fe es el juez que atiende en la causa, pero en Córdoba ni propios ni extraños pueden sorprenderse de que las coincidencias existan, y que lo que ha demostrado Senn en la democracia pueda tener su antecedente agravado en los años de plomo.

Martín Botella

Por Alejandro Montbrun


Martín es un vecino de Embalse, como uno mas concurrió a la asamblea de vecinos autoconvocados contra el vertedero regional de basura.
De un modo simple, con voz pausada y gestos armoniosos pidió la palabra y sin mas preámbulos comentó su experiencia en el reciclado de la basura domiciliaria.
Acompañado de su familia mostró un par de botellas plásticas que estaban llenas de papales, pilas, colillas de cigarrillos y todo tipo de basura inorgánica. El método descripto por él fue sencillo “ toda la basura seca la empujo con un palito y así la aplasto en el fondo de la botella” esta manera de compactar y reciclar no era todo lo que tenia para decir, contó que no siempre vivió en el Valle de Calamuchita y esta idea de reciclado lo traía de otras partes donde estuvo como Brasil o la Ecoaldea de ciudad universitaria en Buenos Aires. Lo sorprendente de esta historia es el uso que Martín nos dice que puede hacerse con estas botellas llenas de basura “nosotros lo usamos a la manera de ladrillos para construir casas de adobe, la forma aislante y térmica de la botella permite este uso”
En el momento en que Martín decía esto, los otros vecinos autoconvocados parecían pensar ¡como no se nos ocurrió!, incluso un experto como el Dr. Hughet que había asistido a la asamblea para explicar un sofisticado tratamiento de la basura, valorizó la forma en que este joven reciclaba.
Me acerqué para charlar con Martín y preguntarle que le parecía la discusión sobre la instalación de un vertedero regional y con la misma simpleza con que había explicado lo suyo me dijo “están pidiendo todos una solución para un pueblo o para una región, pero el cambio empieza desde casa, podemos discutir si se hace o no se hace un vertedero regional pero la cosa es que nosotros desde nuestro hogar decidamos no seguir contaminando”
Me olvidé de preguntarle el apellido, hasta que lo vuelva encontrar para mi será Martín Botella.

POCA TRANSPARENCIA EN LA COMUNIDAD REGIONAL DE CALAMUCHITA

Por Alejandro Montbrun

La creación de las Comunidades Regionales de Córdoba tuvo diversos motivos, se puede interpretar que uno de ellos es acercar a los ciudadanos del interior de la provincia a las decisiones de gobierno y así dotar de mayor control democrático, lo cual implicaría mas transparencia de las medidas gubernamentales.

El proceso político de la instalación de una planta de tratamiento de residuos regionales en Calamuchita por parte de la Comunidad Regional de ese departamento muestra que la cultura política de sus autoridades no coincide con el espíritu que debe tener la institución que gobiernan.

Un noble propósito ambiental como el de poner fin a los basurales a cielo abierto, instalados por toda la región, puede ser frustrado por sus propios promotores, que no entienden o no quieren entender que la lógica del sistema democrático implica también un accionar democrático.

Ha menos de un mes de anunciado la realización del proyecto, la Comunidad Regional de Calamuchita no ha propiciado ninguna audiencia pública como forma de transparentar el asunto.

Toda la discusión pública sobre la instalación de la planta en cuestión ha sido promovida por la sociedad civil, mientras tanto ya se anuncia el inicio de obra para el 1 de octubre.

Tal es la desprolijidad y la falta de transparencia de este proceso que las únicas respuestas sobre el tema son parcialmente evacuadas por el dueño del proyecto (la planta se haría por iniciativa privada) y por un concejal de Villa Gral. Belgrano que evadiendo cuestiones éticas parece más un lobbista a favor del proyecto que un funcionario público.

Esta tema que puede y debe ser abordado desde enfoques políticos, económicos, técnicos y sociales, termina centrando su discusión en cuál es el grado de corrupción al cual el mismo se puede prestar.

La transparencia en esta u otra política pública que intente implantar cualquier Comunidad Regional debe ser una exigencia propia del órgano, ya que es la única forma de legitimarse, cuestión no menor dado que sus autoridades son elegidas indirectamente por los ciudadanos.

Que en Calamuchita nadie sepa a ciencia cierta de que se trata este proyecto, no puede atribuirse a un error en la estrategia comunicacional de la Comunidad Regional, sino que es fruto de la cultura política de sus autoridades que en su accionar niegan los principios republicanos y democráticos como el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.